Artículo Curado por Néstor Altuve

En artículo de su página web, Enrique Dans plantea una tesis provocadora Si la corrupción en la contratación pública es un problema de incentivos y opacidad, entonces una inteligencia artificial, bien gobernada, puede ser un antídoto eficaz porque introduce disciplina algorítmica, trazabilidad y reglas auditablemente consistentes. Su punto de partida es el caso de Albania, que ha “nombrado” a Diella como ministra virtual para adjudicar compras públicas con la promesa de inmunidad a presiones y favoritismos. La pregunta no es si un avatar sustituye políticos, sino si los procesos ganan calidad institucional cuando se someten a datos abiertos, reglas claras y supervisión cívica.

El contexto político importa. Una democracia joven con historial de clientelismo intenta acelerar su ingreso a la UE mostrando reformas tangibles. Dans no se queda en el gesto; advierte que el anuncio solo tiene sentido si viene acompañado de diseño institucional: auditorías, controles humanos, transparencia radical y defensas contra la captura del sistema. La IA, recuerda, no es varita mágica: sin higiene de datos y gobernanza, puede convertirse en un “oráculo” opaco o, peor, en la coartada de siempre.

En lo operativo, la propuesta es pragmática y poderosa: usar el caudal de datos de licitaciones para detectar anomalías, ofertas únicas recurrentes, rotación de adjudicaciones, bajas temerarias, modificaciones tardías, incrementos atípicos de unidades de costo, redes de proveedores que confluyen en los mismos expedientes, con técnicas conocidas (detección de outliers, grafos, clustering). No hace falta ciencia ficción, existen precedentes exitosos en entornos complejos: Ucrania (ProZorro/Dozorro) y Brasil (Rosie) muestran cómo datos públicos estandarizados, algoritmos y participación ciudadana elevan contratos de riesgo a la autoridad y generan vigilancia distribuida.

La condición de posibilidad es clara, publicar todo el ciclo de contratación en formato OCDS (Open Contracting Data Standard), documentar y versionar reglas de riesgo, mantener logs públicos con sellos de tiempo, someter el modelo a auditorías externas y bug bounties, abrir una ventanilla cívica para impugnaciones rápidas y establecer incompatibilidades estrictas entre cargos públicos y proveedores. Si falla cualquiera de estos puntos, la “ministra” será puro teatro. Si se cumple, cada licitación se convierte en un dataset público y en un caso de estudio continuo, una revolución silenciosa donde la disciplina de los procesos reemplaza la discrecionalidad, y la trazabilidad de los errores es preferible a la opacidad de siempre.