Si Panamá aspira a la OCDE, debe entender que la Inteligencia Artificial ya no es opcional: es el nuevo estándar de gobernanza, competitividad y reputación país.
Por Néstor Altuve (*)
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa – APEDE – ha decidido colocar como eje central de su Conferencia Anual – CADE – a celebrarse los días 22, 23 y 24 de abril de 2026, el debate sobre la posible entrada de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE. No es un tema menor. Es una discusión que trasciende lo fiscal y lo diplomático, y que obliga a repensar la arquitectura institucional del país frente a los estándares internacionales.
La posible entrada de Panamá a la Organización no puede analizarse únicamente desde la óptica fiscal y/o reputacional. La discusión es más profunda. La OCDE ha desarrollado instrumentos formales, recomendaciones del Consejo y marcos de referencia que influyen directamente en la construcción de estándares regulatorios internacionales, particularmente en materia de Inteligencia Artificial. En ese contexto, la IA no es un tema periférico dentro de su agenda. Forma parte central de su arquitectura normativa contemporánea.
Han desarrollado los Principios sobre Inteligencia Artificial, reconocidos como el primer estándar intergubernamental adoptado por gobiernos para la gobernanza de la IA. Estos principios han sido actualizados para reflejar avances tecnológicos recientes y sirven como referencia para marcos regulatorios nacionales y regionales.
La definición oficial actualizada de “sistema de IA”, aprobada por los países miembros en noviembre de 2023, establece que se trata de un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de datos de entrada cómo generar predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones capaces de influir en entornos reales o virtuales. Esta definición constituye la base conceptual sobre la cual múltiples jurisdicciones estructuran sus marcos regulatorios.
Los Principios de la OCDE sobre IA se organizan en dos bloques claramente definidos: cinco principios basados en valores, entre ellos derechos humanos, transparencia, robustez, seguridad y rendición de cuentas, y cinco recomendaciones dirigidas a políticas públicas, que incluyen inversión en investigación y desarrollo, gobernanza basada en riesgo, fortalecimiento de capacidades humanas y cooperación internacional.
Desde esta perspectiva, la triangulación es evidente. Si Panamá aspira a ingresar a la OCDE, deberá demostrar coherencia entre su estrategia nacional de Inteligencia Artificial y los estándares que la organización promueve.
En su publicación más reciente sobre el uso de IA en el sector público, titulada “Governing with Artificial Intelligence”, la OCDE analiza 200 casos de uso en múltiples funciones gubernamentales. El informe concluye que aproximadamente el 57% de los casos estudiados buscan automatizar, optimizar o personalizar procesos públicos y señala que, contrario a ciertas expectativas iniciales, la IA en gobiernos se está utilizando con mayor frecuencia para tareas analíticas complejas que para tareas puramente rutinarias.
El mismo informe enfatiza que la implementación efectiva de IA en el sector público depende de habilitadores críticos como gobernanza adecuada, calidad de datos, infraestructura digital, capacidades humanas e inversión estratégica. Asimismo, subraya la necesidad de establecer salvaguardas proporcionales al riesgo para mitigar impactos adversos y prevenir efectos no deseados, incluyendo posibles riesgos de exclusión o fallos operativos.
La pregunta estratégica para Panamá es clara: ¿está diseñando su política de IA como un eje estructural de gobernanza responsable alineado con estos estándares, o simplemente como parte de una narrativa general de transformación digital?
Si el país desea alinearse con los estándares promovidos por la OCDE, deberá evolucionar de un enfoque reactivo de adopción tecnológica hacia una arquitectura institucional coherente. Esto exige movimientos concretos.
1. Gobernanza basada en riesgo
La OCDE recomienda que los marcos regulatorios en materia de IA sean ágiles, interoperables y basados en el riesgo. En ese sentido, Panamá debería estructurar un esquema claro que contemple:
- Clasificación de riesgos asociados a diferentes tipos de sistemas de IA.
- Mecanismos formales de auditoría técnica y ética.
- Protocolos institucionales de supervisión.
- Definición explícita de responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del sistema.
Este enfoque no responde a una preferencia ideológica, sino a lineamientos explícitos promovidos en los instrumentos de política pública de la organización.
2. Transparencia como ventaja competitiva
La transparencia y la explicabilidad son pilares centrales en los Principios de la OCDE. Se promueve que los sistemas de IA sean comprensibles en la medida apropiada y que las personas puedan estar informadas cuando interactúan con sistemas automatizados que afectan decisiones relevantes.
En coherencia con ese marco, Panamá podría considerar:
- Señalización clara en servicios públicos digitales que utilicen IA.
- Evaluaciones de impacto algorítmico previas a la implementación de sistemas sensibles.
- Publicación de lineamientos básicos que refuercen la confianza pública.
Estos elementos están alineados con la noción de “IA confiable” promovida por la OCDE.
3. Capacidad humana antes que automatización masiva
Entre las recomendaciones de política pública, la OCDE enfatiza el fortalecimiento de capacidades humanas y la adaptación de los sistemas educativos y laborales frente al avance de la IA.
La evidencia citada por la organización indica que herramientas recientes de IA generativa pueden mejorar el desempeño en tareas específicas en rangos aproximados de 20% a 40%, dependiendo del contexto y del tipo de actividad. Sin embargo, estos beneficios requieren competencias adecuadas y supervisión humana efectiva.
En consecuencia, Panamá debería priorizar:
- Incorporación progresiva de alfabetización en IA en el sistema educativo.
- Desarrollo de certificaciones técnicas y profesionales vinculadas a gobernanza digital.
- Formación especializada de servidores públicos en evaluación y supervisión algorítmica.
La infraestructura humana constituye un componente esencial para que la adopción tecnológica genere resultados sostenibles.
4. Administración pública como laboratorio responsable
El análisis de la OCDE muestra que los gobiernos ya están aplicando IA en funciones analíticas estratégicas. Panamá podría evaluar aplicaciones en áreas como:
- Detección de fraude fiscal.
- Optimización de compras públicas.
- Gestión de riesgo aduanero.
- Personalización de servicios ciudadanos.
Cada implementación debería acompañarse de evaluaciones de impacto, análisis de riesgos y mecanismos de rendición de cuentas coherentes con los estándares internacionales.
5. Productividad con cautela estratégica
La evidencia inicial recopilada por la OCDE y estudios académicos asociados sugiere que la IA puede generar mejoras significativas en productividad en tareas específicas. No obstante, la organización insiste en que la adopción debe ir acompañada de medición, supervisión y gobernanza proporcional al riesgo.
Por ello, Panamá debería asegurar:
- Métricas claras de impacto y eficiencia.
- Evaluaciones periódicas de desempeño institucional.
- Mecanismos de supervisión y corrección continua.
Sin medición rigurosa, los beneficios potenciales pueden diluirse.
Estos movimientos concretos traducen operativamente los principios basados en valores y las recomendaciones de política pública promovidas por la OCDE.
La triangulación es clara. La OCDE promueve gobernanza sólida, transparencia, respeto a derechos y fortalecimiento de capacidades humanas. La Inteligencia Artificial exige infraestructura, datos de calidad, talento y gestión de riesgos. Panamá necesita reputación internacional, atracción de inversión y modernización institucional. Las tres dimensiones convergen.
Ingresar a la OCDE implicará demostrar consistencia institucional frente a los estándares que la organización promueve, incluyendo aquellos vinculados a la gobernanza tecnológica. La IA, gestionada bajo principios de responsabilidad, puede convertirse en un indicador de madurez institucional.
La pregunta ya no es si Panamá adoptará Inteligencia Artificial. Es si lo hará con el rigor estratégico que exige formar parte de un ecosistema regulatorio avanzado.
En el entorno actual, la IA no es únicamente tecnología. Es gobernanza, es credibilidad, es futuro.
(*) Investigación realizada con 4 IA’s – Redacción y ajustes de Néstor Altuve
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